Aumentan las críticas por la inflación de programas del llamado infoentretenimiento y, sobre todo, por la falta de neutralidad política de una televisión que presume de ser de todos

Ana Sánchez de la Nieta
(Aceprensa)

En los últimos meses, la televisión pública española no ha dejado de protagonizar polémicas y generar titulares. El curso académico terminó para RTVE con un importante incremento en los datos de audiencia, pero el nuevo empieza arrastrando críticas por algunas millonarias contrataciones, por la inflación de programas del llamado infoentretenimiento y, sobre todo, por la falta de neutralidad política de una televisión que presume de ser de todos.

Hace unos meses, José Francisco Lamata publicó El libro negro de TVE, una extensa crónica plagada de nombres, programas y escándalos, sobre la trayectoria de la televisión pública desde 1976 hasta 2024. Lamata cierra su libro parafraseando la película de Amenábar sobre Unamuno: “Una TVE consensuada está bien, pero no nos la podemos permitir mientras dure la guerra…”.

La realidad es que, en 50 años de democracia, España no ha conseguido una televisión pública que pueda presumir ni de consenso ni de independencia política, aunque –como refleja el libro de Lamata– ha habido etapas mejores y peores, y la actual no es de las buenas.

Y eso, pese a que, desde que José Pablo López tomara las riendas de RTVE en noviembre de 2024, los datos de audiencia han mejorado. En junio, La 1 consiguió cerrar su mejor temporada en ocho años y afianzar su segunda posición con una cuota de pantalla del 10%, sólo superada por Antena 3, con un 12%.

El actual presidente de RTVE, un veterano profesional con experiencia en televisiones públicas y privadas –desde la Sexta a Trece TV pasando por Telemadrid– iniciaba su mandato con el propósito de recuperar para TVE a la audiencia joven y apostar, para ello, por el infoentretenimiento, un formato híbrido que combina la información con elementos propios del entretenimiento como la emoción, el humor o el drama. López, que antes de presidir RTVE había sido director de contenidos, fue uno de los máximos defensores del fichaje de David Broncano y su programa La resistencia. Después de una tormentosa polémica y un millonario contrato (28 millones de euros por dos temporadas), Broncano trasladó su programa de Movistar a TVE, donde pasó a llamarse La revuelta.

El peso político del infoentretenimiento

Pero la apuesta por el infoentretenimiento no hay que entenderla solo desde la perspectiva de los índices de audiencia, sino de la influencia política que tiene este género.

Lamata explica en su libro cómo detrás del fichaje de Broncano había –y hay– un claro interés político y un enemigo a batir: El hormiguero de Pablo Motos, otro claro ejemplo de este infoentretenimiento. El programa de Motos, que se emite en Antena 3, lleva casi 20 años sumando espectadores, y actualmente tiene una cuota media del 15% y unos 2,5 millones de telespectadores.

En el año 2022, el Ministerio de Igualdad, presidido por Irene Montero, lanzó una campaña en la que presentaban a Motos como arquetipo de machista, y el presentador reaccionó incluyendo dos tertulias políticas semanales. Son tertulias muy críticas contra el gobierno del presidente Pedro Sánchez, pero con un tono, un timing y unos tertulianos adaptados a un formato de entretenimiento, con muchos momentos de humor y presencia de famosos. Con otras palabras, un programa dirigido a una audiencia transversal que, además de los espectadores tradicionales de cada noche, suma otros muchos miles –normalmente más jóvenes– que ven el programa los días siguientes “troceado” en las redes sociales. Algo muy parecido a lo que también ocurría y ocurre con el programa de Broncano.

La apuesta por el infoentretenimiento ha mejorado los datos de audiencia pero ha hecho crecer las críticas por la mezcla de información y opinión, y por el marcado sesgo político de algunos presentadores

Si se quería arrebatar audiencia e influencia política a Pablo Motos, había que contar con un rival de peso. Y ahí siguen Broncano y Motos luchando cada día por el share.

Producción externa y la mezcla de información y opinión

Aunque el caso de La revuelta es el más claro, no es la única apuesta por el infoentretenimiento de la televisión pública. Programas como Mañaneros, Malas lenguas o el futuro Directo al grano, se inscriben dentro de esta tendencia. Como publicaba recientemente el diario The Objective, este tipo de programas ocuparán durante el curso 2025/26 unas 12 horas de emisión (de las 17 disponibles). Un porcentaje nada desdeñable.

Los problemas de este exceso son varios y, como reconocen incluso dentro de TVE, afectan a la propia naturaleza de la institución. La televisión pública en España se rige por un Mandato Marco aprobado en 2008 y que se quiere modificar antes de que termine el año 2025. Se trata de un documento clave que define las obligaciones, objetivos y principios rectores de una televisión que se presenta como servicio público. Un texto que “baja al terreno de juego” para dar indicaciones precisas de lo que debe o no debe hacer RTVE. Por ejemplo, el Mandato Marco establece que TVE tiene que dar prioridad a la información y diferenciar claramente esta de la opinión, cosa que no ocurre en los formatos de infoentretenimiento, que mezclan continuamente la información con la opinión.

El documento señala también que, para los programas informativos, se contará principalmente con los recursos y profesionales de la propia cadena. En el caso de los informativos, el porcentaje de producción interna tiene que ser el 100%. Es otro de los principios ninguneados, ya que los programas antes citados los realizan profesionales externos a través de productoras contratadas y además, últimamente, en casos tan delicados como los escándalos políticos que han salpicado al PSOE, han sido estos programas los encargados de realizar coberturas informativas en su horario, en lugar de añadir tiempo de emisión extra a los programas informativos.

Desde 2010 RTVE se financia solo con impuestos de los españoles: de ahí las numerosas críticas por los fichajes multimillonarios y la falta de neutralidad política

El Consejo de Informativos de TVE, que es un órgano interno constituido por 13 profesionales de la cadena elegidos cada 2 años mediante votación por sus colegas y que tiene como misión velar por la independencia y buena praxis de la televisión pública española, ha emitido en los últimos meses algunos comunicados para alertar sobre esta práctica. Especialmente criticada fue, por ejemplo, la cobertura que se hizo del cónclave desde el programa de entretenimiento La familia de la tele. Una cobertura liderada por Marta Riesco, una periodista habitual de los programas del corazón y claramente desubicada en la información vaticana. El Comité no tardó en expresar su malestar: “Ni el tono ni la forma de este programa es lo que se espera de una televisión pública en un evento de esta importancia. Nuestros profesionales y nuestros espectadores merecen respeto”. El programa duró pocos días en antena, no precisamente por este intrusismo sino por sus nefastos datos de audiencia.

Presupuestos millonarios y el bolsillo del ciudadano

Otra de las cuestiones más criticadas han sido los fichajes millonarios que ha llevado a cabo la cadena. Desde que, en el año 2010 y después de una feroz pugna con las privadas, se acordara el fin de la publicidad en la televisión pública, TVE se financia en su mayor parte con la aportación del Estado, vía presupuestos generales: dicho de otro modo, con los impuestos que pagan los ciudadanos.

Es la razón por la que los 240.500 euros de Silvia Intxaurrondo o los 260.000 de Pepa Bueno escuezan a algunos españoles. Porque salen de los bolsillos de los contribuyentes. Y escuecen más cuando ese mismo espectador-contribuyente tiene la sensación de que sus impuestos, más que una televisión, financian unas ideas políticas que quizás no comparte. La mayoría de estos recientes fichajes no tienen empacho en mostrar su defensa de los ideales progresistas y su rechazo hacia los partidos, ideas y votantes conservadores.

El Mandato Marco establece que la televisión española tiene que ser independiente, neutral, plural, imparcial y rigurosa. Que debe dar espacio a las diferentes ideas y opciones presentes en la sociedad española, que mostrará los hechos con ecuanimidad y que no adoptará posicionamiento ideológico más allá de la defensa de los valores constitucionales. Se entiende entonces el escándalo que produjo hace unos días que una presentadora de la cadena pública afirmara que “Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al PP y a Vox”. Llamar idiotas a 11 millones de votantes no es la mejor forma de hacer una televisión respetuosa o inclusiva.

A pesar de las polémicas, no parece que vayan a cambiar demasiado las cosas para TVE en este nuevo curso. Como señala Lamata, todos los partidos son conscientes de que la televisión pública es un inmenso caladero de votantes y una moneda de cambio político. En unos días, La 2 empezará a emitir en catalán –fue una de las exigencias de los nacionalistas catalanes para pactar el gobierno de Sánchez– y el borrador del nuevo Mandato Marco propone una televisión más feminista, más inclusiva y que luche contra la desinformación y represente mejor las lenguas cooficiales. Todos ellos propósitos loables, pero que suenan más a compromiso político con los socios de gobierno que a una verdadera convicción por hacer una televisión pública de mayor calidad.

En realidad, la mayoría de los ciudadanos españoles firmarían a favor de una televisión pública rigurosa, libre de sectarismo, plural, respetuosa con las ideas… e independiente del poder político.

Los partidos políticos también firmarían… pero no hoy, como diría otra estrella de la televisión pública, sino mañana. Cuando dejen de estar en el Gobierno.