La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca) exige que las plataformas de intercambio de vídeo, los influencers y las redes sociales sean obligadas al cumplimiento estricto de la ley en materia de protección al menor para evitar posibles problemas de salud mental, acoso, y sexualización en las aulas, entre otras cosas

Como participantes en el Pacto de Estado para la protección de los menores de edad impulsado por la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD), con el apoyo de las organizaciones iCmedia, Save the Children, Fundación ANAR, Dale la Vuelta y Unicef, y de instituciones como la CNMC y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Uteca demanda el cumplimiento del mismo por parte de los creadores de contenido.

Desde la unión de televisiones explican su preocupación y alarma por la desprotección de los menores españoles en las redes sociales y las plataformas de intercambio de vídeo en aspectos como el acceso cada vez más prematuro a plataformas con contenido pornográfico. Desde Uteca exigen medidas que frenen la pasividad de las plataformas y que eviten el daño en el desarrollo afectivo sexual de los menores, en su forma de relacionarse, en su autoestima y en el rendimiento académico que esto puede ocasionar.

En materia de regulación de influencers, la organización ha propuesto que todos aquellos que tengan al menos 10.000 seguidores y que facturen 100.000 euros, sean considerados usuarios de especial relevancia y por tanto se vean obligados al cumplimiento de la ley de protección al menor. Explican que, si el umbral no se baja a esas cifras, la mayoría de los influencers quedarían fuera de la ley, a pesar de su gran poder sobre los más jóvenes.

Daño a los menores

El presidente de Uteca), Eduardo Olano, ha solicitado que se regule a las plataformas, redes sociales e ‘influencers’de la misma forma que se les regula a las televisiones en abierto, debido a que en los últimos años han ido cruzando «todas las líneas rojas», sin importarles el daño que pueden provocar a los menores.

El presidente la patronal de las televisiones en abierto se expresó así durante la jornada anual que se celebra en Madrid sobre el valor de los medios de comunicación en el nuevo orden tecnológico mundial, en el que se ha tratado la desprotección de los menores en las redes sociales.

Olano ha asegurado que estas «multinacionales» sólo tienen como objetivo los beneficios económicos, y actualmente representan un 50 % ya del mercado publicitario. Asimismo, ha destacado que los buscan «siempre a espaldas de las necesidades de la sociedad» y «sin importarles los daños» que provocan, principalmente en los más vulnerables, los más pequeños.

Denuncia que las redes han crecido sin reglas

Para las televisiones privadas, las plataformas y las redes hancrecido sin reglas. Por lo que aboga poracabar con este «salvaje oeste» en el que desarrollan su actividad y obligarles a respetar y cumplir las leyes del país por el que circulan sus contenidos.

Las televisiones en línea se felicitan de la ley audiovisual.Sin embargo, la consideran insuficiente, y solicitan al Gobierno que desarrolle una regulación «integral y equilibrada» para todos los operadores, independientemente del país donde tengan su sede social y también a los llamados ‘influencers’.

Una regulación, ha matizado Olano, sin asimetrías, igualando las obligaciones de todos ellos porque no se puede regular a medias o «con miedo a no se sabe qué», según sus palabras. «Nos jugamos mucho como sociedad y, además, se lo debemos a las generaciones de jóvenes», ha agregado.

Las organizaciones que han impulsado esta propuesta buscan evitar posibles problemas de salud mental como la ansiedad o la depresión, entre otros, y evitar situaciones de acoso escolar y sexual. Además, los firmantes advierten sobre la puerta que suponen los móviles hacia este tipo de contenidos y sobre la captación masiva de datos, que los perfila con fines publicitarios.

Con estas medidas se defiende la necesidad de asumir el problema, formar profesionales que puedan afrontarlo y desarrollar la legislación necesaria para garantizar la protección de los menores.