Como Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios, lamentamos la pérdida de puestos de trabajo que se ha producido con la drástica medida de cerrar la Radio Televisión de Valencia.
No comprendemos los errores en el planteamiento de un Expediente de Regulación de Empleo, causa de su anulación por los tribunales,  pero tampoco que, antes del cierre,  no se haya explorado una solución alternativa que garantizase el mantenimiento de la plantilla necesaria para prestar un servicio público, razón de la existencia de este Medio de Comunicación.
Asimismo, iCmedia quiere dejar constancia de que las administraciones públicas nunca han tenido en cuenta los intereses de los usuarios: ni para  definir los modelos de televisión pública de las comunidades autónomas y ámbitos territoriales locales, ni para asegurar que esas televisiones se ajustarían a criterios de verdadero servicio público.
Consideramos que no se ha conseguido  una gestión eficaz de los recursos ciudadanos ni se han adaptado los servicios públicos audiovisuales al  derecho a la información de todos los ciudadanos en comunidades autónomas como la valenciana.