La alfabetización mediática sigue siendo la asignatura pendiente: los alumnos deberían recibir una educación específica que les ayude a moverse en el mundo digital

J.A. Otero Ricart*

En cierta ocasión, al entrar en un restaurante del rural gallego me hizo sonreír el cartel que colgaba en una de las paredes: “No tenemos wifi. Hablen entre ustedes”. Me ha venido a la cabeza el texto del cartel al ver el revuelo que ha causado –en las redes– el anuncio de Pedro Sánchez de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. La cuestión es lo suficientemente seria como para dejar a un lado las confrontaciones en la Red y “hablar entre todos”. De hecho, la preocupación por los efectos de las redes sociales en la salud mental de los menores no es algo nuevo y afecta a toda la sociedad.

Además de las limitaciones de acceso, es imprescindible la colaboración de las industrias tecnológicas, de las instituciones educativas y de las propias familias. En el primer caso, lo fundamental es regular la actividad de las grandes plataformas digitales. No se trata tan solo de legislar a qué edad se puede entrar en las redes, sino qué pasa cuando se accede: algoritmos diseñados para crear adicción, publicidad encubierta, contenidos violentos o pornográficos… Y para ello es necesario dotar de herramientas sancionadoras a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo que se encarga de regular los servicios digitales.

Conviene recordar que la Comisión Europea ha abierto procedimientos de infracción contra España por carencias en su régimen sancionador para hacer cumplir la Ley Digital Europea (DSA), que establece las obligaciones de las plataformas. Como señala Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, no se trata de un detalle técnico: “es la diferencia entre poder actuar contra las plataformas y quedarse mirando; sin árbitro con silbato y tarjetas, todo lo demás es teatro”.

Y junto al marco sancionador, la importancia de la autorregulación. El “Libro Blanco de la Influencia Responsable 2025”, elaborado por iCmedia, recoge entre sus conclusiones la necesidad de que las propias plataformas digitales asuman su responsabilidad ética y social, que garanticen la transparencia algorítmica y que establezcan mecanismos de auditoría externa. Insta además a las plataformas a prevenir efectos nocivos sobre el bienestar emocional y a garantizar entornos seguros y libres de discursos de odio.

Otra asignatura pendiente –nunca mejor dicho– sigue siendo la alfabetización mediática. Los alumnos deberían recibir una educación específica que les ayude a moverse en el mundo digital, a saber detectar las falsas noticias o a distinguir entre información y opinión, por poner algunos ejemplos. Mientras tanto, esa labor de alfabetización la están asumiendo asociaciones como iCmedia o colectivos profesionales como el Colexio de Xornalistas de Galicia o la Asociación de Periodistas de Galicia.

Sin olvidar, por supuesto, el papel de las propias familias a la hora de educar a sus hijos en el uso de las nuevas tecnologías. En esa tarea formativa, el ejemplo de los padres a la hora de usar las pantallas es fundamental, y una buena práctica es dejarlas aparcadas en ciertos momentos del día, especialmente en los que se convive con los hijos.

Como se ve, el reto de garantizar la protección de los menores en el entorno digital es tarea de todos. Bien está que se promuevan leyes, pero es la sociedad en su conjunto la que debe implicarse. Ya lo saben, menos crispación en las redes sociales y más diálogo constructivo: “No tenemos wifi. Hablen entre ustedes”.

*Presidente de iCmedia Galicia

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